No a la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal. ¡Soluciones de fondo y sostenibles!

A propósito de los últimos acontecimientos en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación deLima, más conocido como “Maranga”, así como de la exposición mediática del caso deladolescente “Gringazo”, algunos sectores plantean la reducción de la edad penal para poderincluir a niños, niñas y adolescentes bajo el sistema de sanciones e internamientopenitenciario antes diseñado para personas adultas.Esta medida afectaría principios y estándares internacionales que nuestro Estado secomprometió a respetar al suscribir diferentes tratados: en verdad, toda la legislaciónuniversal de protección de niños y niñas y el diseño del sistema de justicia para los menoresinfractores de la ley, cuyo fin no es la sanción, sino la reeducación. Colocaría en situación deriesgo a grupos sociales que ya de por sí se encuentran en una situación de mayorvulnerabilidad, como son los llamados “niños de la calle”, los menores infractores, los menoresde edad reclutados forzosamente por las organizaciones terroristas o grupos narcotraficantes,e incluso, a menores indígenas que participan junto a sus comunidades en conflictos sociales oambientales, que los involucran muchas veces en hechos de violencia.Esta medida, por sus resultados, afectaría especialmente a los sectores más pobres y excluidosde nuestro país, generando en consecuencia, discriminación. Atentaría a su vez contra elprincipio de irreversibilidad de los derechos, pues representa un retroceso en la protección delos niños, niñas y adolescentes. Esto se agravaría en propuestas que no sólo pretenden laampliación de la edad de imputabilidad, sino que propugnan un sistema de “imputabilidadcasuística”, en cuyo caso, se violan además diversos principios como el de igualdad ante la leyy otros derechos relacionados.La razón esgrimida para impulsar esta medida es que, en el Perú, el menor de edad es cada vezmás peligroso. Los legisladores y otros sectores que se muestran favorables a ella señalan sunecesidad ante el aumento de la criminalidad en las ciudades, la delincuencia organizada, laexpansión de las pandillas, la notoriedad de crímenes brutales o que incluyen violencia sexualentre escolares o que tienen como actores a menores, y en general, la participación al parecercada vez más visible, de menores en todas estas situaciones. Se señala a su vez –falsamente-que un menor que delinque queda impune, lo que acaba por impactar en la opinión pública.Finalmente, se indica que a los 16 años los niños ya están conscientes de las consecuenciasque implican sus actos. La garantía de la seguridad pública aparece como criterio clave y elmiedo como elemento movilizador de políticas.En verdad, la tentación de recurrir a esta medida ha rondado –y ronda- a las administracionesestatales en América Latina. Sin embargo, en los países que la han impuesto, la medida no hagenerado los efectos esperados por los legisladores en términos de reducción de laparticipación de menores de edad en actos delictivos. Y según algunos estudiosos, quizá lahaya agravado (induciendo al crimen organizado a emplear niños cada vez más pequeños). Y lomás importante: no detiene la tentación a seguir reduciendo la edad penal (se discutereducirla a 14 años, a 12 años, a hacerlo por caso, por tipo de delito).

Frente a ello, queremos advertir que la pretendida reducción de la edad penal vulneraría unagran cantidad de normas y principios jurídicos; visibilizar la posibilidad de que en el Perú seconsolide tal proceso pernicioso: la debilidad de las instituciones y de la cultura políticademocrática hace a nuestro Estado propenso a recular en los estándares de derechos encuanto se enfrenta a una situación compleja, especialmente cuando se involucran problemasde seguridad; y, sobre todo, hacer un llamado a la reflexión y a actuar colectivamente paraenfrentarlo.No somos ajenos a la realidad que motiva la preocupación de nuestras autoridades. Hay quetrabajar en conjunto para alcanzar soluciones de fondo y sostenibles. No abandonemos losestándares de derechos en el enfrentamiento al problema de la violencia juvenil; nointentemos una respuesta facilista, coyuntural, que no va a las raíces del problema. Llamamosa dar mayor preferencia al enfoque preventivo frente al de seguridad. Y a que los sistemas dereadaptación se reformen y cuenten con los recursos económicos y técnicos para que puedancumplir su función.

Lima, 12 de enero de 2013

Equipo de Incidencia en Derecho IPRODES

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